La mediación resuelve el 92% de conflictos entre inquilinos y propietarios

Desde que sobrevino la pandemia y comenzó a sentirse el impacto económico, ha habido un crecimiento del conflicto entre inquilinos y propietarios por los nuevos valores locativos, la aparición de la ley de alquileres y los DNU que congelaron los precios y prohibieron los desalojos. La crisis y la desocupación provocó falta de pago en los moradores de las viviendas o quienes alquilan comercios, o discusiones con los locadores por las renovaciones de contrato o las condiciones de entrega de las propiedades.

En ese sentido, el flamante instituto de mediación del Colegio de Corredores Inmobiliarios trabaja para que inquilinos que están con problemas resuelvan las disputas con el propietario a través de la mediación sin judicializarlos, y sin necesidad de pagar por una carta documento o la intervención de abogados. El organismo, que comenzó a trabajar en marzo y tiene 20 mediadores en ejercicio, lleva resueltos 46 conflictos con soluciones positivas en 9 de cada 10 intervenciones.

¿Cómo opera? Consiste en una mesa de dialogo donde las partes aprenden a escucharse y a través de un mediador ordenan todos sus problemas. “Es una herramienta ágil, voluntaria, informal y de muy bajo costo”, consideró Marta Brett, coordinadora del Instituto junto a Rolando Ruiz y Marcelo Jorge.

El promedio de resolución del conflicto es de 15 días, y el nivel de acuerdo es del 92 por ciento. De esta forma, según Brett, “se logra que las personas desistan de ir a los tribunales ordinarios, que es un trámite mucho más lento y pesado. A veces nos lleva una, dos o tres reuniones, pero la gente sale conforme”, consideró.   

Los conflictos más comunes son por contratos de locación, de inquilinos a los que no se les acepta la llave o no le reciben el departamento porque no lo dejaron pintado, arreglado o en las condiciones requeridas, o porque el corredor no recibe el pago de alquiler y los impuestos hace muchos meses (siete u ocho). Otro caso son las renovaciones de alquileres, que luego de estar congelados durante un año y prorrogando contratos al mismo precio, cuando llega el momento de firmar el nuevo contrato el aumento parece muy alto.

“Todos estos casos son los que más rápido solucionamos. Con esa gente llegamos todos a un acuerdo, se firma un acta de confidencialidad entre las partes y acuerdan un plan de pago con el inquilino y los garantes que puedan solventar sin crearles un problema mas grande. Todos resignan una parte”, explicó la coordinadora del instituto.

El acuerdo es entre las partes, y el mediador solo facilita el dialogo y el entendimiento. Lo fundamental es que se sacan muchos casos de Tribunales, aliviando el trabajo de la Justicia, que ya está de por sí colapsada. Por ejemplo, hay inquilinos de comercios que logran reducir deudas históricas de alquiler que ya resultan impagables en un 50 por ciento del pasivo acumulado.

Paso a paso   

Los interesados tienen que comunicarse con el instituto de mediación del colegio vía WhatsApp al número 3412 030010, donde hablarán con una empleada del colegio y les explicarán todos los pasos y procedimientos. Primero relatarán el caso y presentarán una solicitud de requerimiento, dejarán un correo y un teléfono de contacto, y se sorteará el mediador. Luego se envían los mails a las partes y se las cita a la primera mediación a un determinado día y horario, que por ahora es virtual pero poco a poco comienza a hacerse presencial.   

El requiriente es el que paga el trámite normalmente, que se hace por el valor de un JUS (una unidad de cálculo del sistema judicial que se actualiza periódicamente y hoy representa 6.918 pesos. “Para un propietario en conflicto al que le corre el mes de alquiler, que no le entregan la llave, es de muy bajo costo. Incluso pueden arreglar en la negociación pagar mitad y mitad. Una carta documento hoy cuesta mil pesos, y son cuatro o cinco para esta clase problemas”, comparó. 

El instituto tiene convenios con el centro social en alquileres de la Municipalidad que encabeza Gustavo Alvarez y la Concejalía Popular que preside Nire Roldán, entidades que les remiten casos que ellos no pueden solucionar con intervenciones que son totalmente gratuitas para los inquilinos. En tanto, está en trámite un acuerdo con el Concejo Municipal, a través de su presidenta María Eugenia Schmuck. Además, destacaron que se trata de una entidad nombrada y habilitada por el Ministerio de Justicia provincial como formadora de mediadores.

Desde el colegio comentan que el objetivo fundamental es brindar un servicio de soluciones a la comunidad. “Cuando los inquilinos entendieron que no defendemos a los propietarios, empezó a correrse de boca en boca y subieron los llamados. No queremos que la gente tenga que recorrer cuatro o cinco oficinas para llegar a un acuerdo porque no se la escucha”, cerró la mujer.

Seguros de alquiler accesibles

La Concejalía Popular de Rosario puso en marcha el programa “seguros por la equidad” junto a la cooperativa Río Uruguay Seguros y Estacubierto.com, que contemplará seguros de alquiler a tasas más accesibles que las que hoy otorga el mercado para aquellos que no poseen una garantía propietaria, entre otros productos.

El acuerdo, que incluye dos nuevos locales en La Sexta y Ludueña y otro en el centro que funcionará en la sede de la Concejalía; tiene el objetivo de democratizar el acceso a los seguros a todos los segmentos de la población, instrumentos necesarios para proteger el patrimonio y la vida ante eventos inesperados.

El programa contempla el desarrollo de microseguros que son coberturas accesibles, de fácil contratación y de rápida resolución ante casos de siniestros, a las que pueden acceder personas que trabajan de manera independiente y que no cuentan con una cobertura ante determinados riesgos como accidentes, enfermedades, muerte de un familiar o desastres naturales.

Nire Roldán, presidente de la Concejalía Popular de Rosario, afirmó: “Es trascendente para miles de vecinos y vecinas de los barrios por el impacto social que brindará la democratización del acceso a seguros y coberturas que hoy son inaccesibles para los ciudadanos”.

 

Fuente: La Capital